El caso de Goran Urbina, de 3 años de edad, conmocionó en su momento a la opinión pública por la gravedad de su accidente, pues el menor se enterró una cuchara de 22 centímetros a través de una cavidad ocular. A un año de la operación definitiva, la madre del niño, Andrea Almonacid, dijo que “mi hijo está completamente sano y recuperado”.

Sin secuelas se recuperó Goran Urbina, el niño que en 2009 resultó accidentado en un jardín infantil de la Fundación Integra, en Punta Arenas, al enterrarse el mango de una cuchara a través de una cavidad ocular. El caso fue ampliamente difundido en los medios de comunicación, y a la fecha la Justicia indaga las presuntas responsabilidades de quienes lo cuidaban al momento del accidente.

El presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht, visitó este sábado (18 de febrero) al niño y a su madre en Punta Arenas, donde se constató la recuperación del menor. “Da mucha gusto ver que Goran juega, corre y salta como un niño completamente normal. En lo personal, creo que haber intervenido para corregir este problema ha sido lo más gratificante de mi trabajo”, dijo la aurtoridad. Por su parte, Andrea Almonacid, madre del menor, dijo que “mi hijo está completamente sano y sin secuelas. Lo he llevado a todos los controles al Instituto de Neurocirugía de Providencia, y todos están sorprendidos con su recuperación”.

Historial

Este caso se remonta a noviembre de 2009. Tras el mencionado accidente, los médicos decidieron retirar un trozo del cráneo (llamado calota) del menor, para permitir la hinchazón natural del cerebro y así evitar daño neurológico. Luego de los tres meses anunciados que Goran debía permanecer sin el pedazo de calota, comenzaron los problemas, pues el Hospital regional de Punta Arenas postergó en sucesivas ocasiones la reimplantación del hueso. Esta espera se extendió por un año y medio, tiempo durante el cual el niño no podría desarrollar una vida normal, pues parte de su cerebro sólo estaba cubierto por piel.

La madre del menor se enteró a través de la prensa sobre la existencia de la Comisión Defensora Ciudadana -organismo encargado de intermediar cuando hay reclamos ciudadanos no resueltos en los plazos legales en los 340 servicios públicos dependientes del Gobierno-, organismo que intervino ante el Ministerio de Salud con el objetivo de acelerar esta cirugía. Esto sucedió el 13 de abril de 2012; es decir, 11 días después de que Andrea Almonacid ingresara el caso en la página web www.cdc.gob.cl

Cabe señalar que los gastos de traslado entre Punta Arenas y Santiago para los distintos controles médicos del menor son costeados por el Estado, y que en la actualidad la Comisión Defensora Ciudadana gestiona que el fisco también financie los 350 mil pesos –una fracción del millonario costo de la cirugía- que debería pagar la familia del paciente.

Tres radiografías que resumen en parte lo vivido por el pequeño Goran

A la izquierda, tras sufrir el accidente en noviembre de 2009. Al centro, luego de que le retiraran un trozo de hueso del cráneo para facilitar la hinchazón del cerebro. A la derecha, finalmente, la imagen luego del implante de una malla de titanio que, según señalan los médicos, resuelve el problema de por vida.

Con el propósito de fomentar estas iniciativas, la Fundación Nuestros Hijos – que apoya al 40 por ciento de los niños enfermos de cáncer de escasos recursos de Chile – lanzó una campaña de donación de útiles escolares que se destinarán a estas aulas hospitalarias.

En Chile cada año se suman unos 500 niños a los que ya se encuentran en tratamiento por cáncer, una enfermedad que no es posible prevenir y que cambia por completo la vida de un menor y su familia. El 75 por ciento de los casos puede recuperarse siguiendo los tratamientos adecuados.

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De un superávit fiscal de 1,6% en 1959 se pasó a un déficit de 4,3% en 1962. Entre 1960 y 1965 la deuda externa aumentó en 103%. Y como consecuencia de la emisión inorgánica, la inflación, cuyo control había sido un objetivo primordial del gobierno y el mayor logro de sus primeros años, pasó de 5% en 1960 a 45% en 1963. En las elecciones siguientes, los partidos de centroderecha que lo apoyaban tuvieron los peores resultados de su historia.

Por otro lado, la experiencia internacional muestra que aquellos países que, después de enfrentar un desastre natural de gran magnitud, no realizan un proceso riguroso de evaluación de daños y de generación de fuentes de financiamiento compatibles con el equilibrio macroeconómico, y no producen un programa de reconstrucción de alta colaboración entre el sector público y el sector privado, han obtenido como resultado un fracaso. Además, esas experiencias indican que los plazos requeridos para reconstrucción están en un rango de entre cinco y diez años para catástrofes de la intensidad del 27-F.

Para evitar repetir los errores del pasado y recogiendo lo mejor de la experiencia internacional, el actual gobierno diseñó un Plan de Emergencia y otro de Reconstrucción, que contempló mecanismos de financiamiento sanos y realistas y programas basados en una profunda colaboración entre el sector público y el sector privado. Aunque este tipo de procesos nunca estarán libres de críticas ni contratiempos y siempre podrá aprenderse de ellos, hoy podemos decir con certeza que el plan se ha ido cumpliendo satisfactoriamente.

Cuando ha transcurrido la mitad del plazo del Gobierno, se han cumplido dos tercios de las metas globales fijadas. Y ello se ha hecho mejorando los equilibrios macroeconómicos y alejando los riesgos inflacionarios, logrando un proceso de crecimiento económico sano y sin dejar atrás el cumplimiento de la agenda de reformas sociales y políticas propias de un gobierno que aspira a llevar a Chile al desarrollo.

Por supuesto los avances sectoriales son diferentes. La conectividad a través de la infraestructura se ha recuperado casi totalmente. Similar ha sido la realidad en salud. En educación, todos los niños pudieron volver a clases, pero quedan aún un par de años para recuperar en plenitud la infraestructura física dañada. Las críticas mayores se han hecho a la reconstrucción en vivienda. Sin embargo, las considero muy injustas. Se requerían 220 mil subsidios de vivienda para que las personas pudieran financiar la reparación o construcción. Todos los subsidios requeridos han sido asignados. El 35% de las viviendas que se debía construir, adquirir o reparar ha sido entregado y otro 29% se encuentra en obras. Y, además, se asignaron también subsidios a las casi dos mil familias de Tocopilla que aguardaban por ellos desde el terremoto que las afectó en 2007. ¿Pudo haberse avanzado más rápido? Sin duda, pero a costa de una menor consideración hacia la dignidad y libertad de elección de las familias damnificadas. En efecto, habría sido mucho más rápido y barato optar por la construcción de grandes poblaciones en sitios especialmente habilitados para ello, ubicados en la periferia de las ciudades y pueblos afectados. Pero, en vez de eso, se prefirió que las personas pudieran reconstruir, si así lo querían, en su propio sitio —salvo que se tratara de lugares riesgosos—, evitando de ese modo su desarraigo. Y, a la vez, se previó que tuvieran la posibilidad de escoger su nueva vivienda entre varias opciones. Eso es más lento y más caro, pero mucho mejor para la calidad de vida de los afectados.

Lo anterior muestra fidelidad a una forma de conducir el Estado centrada en las personas y su libertad y que busca colaborar con la sociedad civil en el cumplimiento de objetivos compartidos, contribuyendo de ese modo a generar capital social. El mejor ejemplo de esto último se dio en la etapa inmediatamente posterior al terremoto, cuando el Estado, en conjunto con instituciones como Un techo para Chile y empresas privadas, consiguió levantar más de 70 mil viviendas de emergencia en poco más de tres meses.

Los procesos de reconstrucción no son nunca sencillos, ni aun para naciones mucho más ricas que la nuestra, como muestran las experiencias de Nueva Orleans luego del huracán Katrina y de Japón luego de su devastador terremoto del año pasado, que llevó al país a la recesión y provocó la renuncia del Primer Ministro Naoto Kan. Los chilenos no lo hemos hecho nada mal con la catástrofe más destructiva de nuestra historia. Aunque, por supuesto, no podemos bajar los brazos mientras haya todavía compatriotas que sufran por sus efectos.

Cristián Larroulet

Ministro Secretario General de la Presidencia

Luego de convalecer en el Hospital de Magallanes, en Punta Arenas, Liliana Teneb continuará reposo en su casa. El intendente de Magallanes, Arturo Storaker, y el presidente de la Comisión Defensora, Alberto Precht, concurrieron a saludarla tras la esperada cirugía.

“Por fin se termina este calvario de tres años. Estoy muy contenta y agradecida de la prensa, porque dieron a conocer mi problema, y de la Comisión, porque intervino para acelerar esta operación”. Esta fue la impresión entregada por Liliana Teneb Campos, de 41 años de edad, quien el pasado 17 de febrero fue intervenida por una endometriosis en el Hospital regional de Punta Arenas. La cirugía se logró luego de que llegara a conocimiento de la Comisión Defensora Ciudadana, que intermedió ante el Ministerio de Salud para restablecer derechos vulnerados de la paciente.

Historia del reclamo

El caso fue ampliamente conocido en Magallanes, puesto que la fecha de operación de la afectada fue varias veces suspendida y reprogramada para la segunda mitad de 2012, pese a los dolores en el vientre de la ciudadana, quien no podía reintegrarse al trabajo y a su vida normal debido a restos de placenta dejados durante una cesárea.

Finalmente, el 26 de enero pasado, la Comisión ofició al MINSAL con los detalles del reclamo ciudadano, organismo que a los dos días informó que la cirugía se realizaría el 17 de febrero.

El sábado recién pasado, el intendente de Magallanes, Arturo Storaker, y el presidente de la Comisión Defensora, Alberto Precht, constataron en el Hospital de Magallanes la situación médica de la paciente, quien es dada de alta al mediodía de hoy, para continuar la recuperación en su domicilio.

Con la nueva ley “No más Dicom”, las empresas no podrán revisar los antecedentes  de los postulantes en este sistema.

Cerca de 4 millones de personas son los inmediatos beneficiarios con la llamada Ley “No más Dicom” luego que fuera publicado el cuerpo legal por el Ministerio de Economía en el Diario Oficial.

De acuerdo a la normativa quienes estén registrados en sus archivos al 31 de diciembre de 2011 por deudas inferiores a dos y medio millones de pesos, serán borrados, además agrega que respecto al tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial, el cuerpo legal señala que deberá respetarse el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, el que será exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y para el proceso de crédito.

La ley además prohíbe  mantener el registro de quienes tengan deudas repactadas, así como condicionar los puestos laborales, acceso a servicios educacionales o médicos, entre otros, a los antecedentes comerciales del solicitante.

También se establece el derecho de las personas a exigir ver los registros 3 veces al año, para saber quiénes han consultado sus datos.

Por otra parte, en ningún caso se podrá exigir esta información en los procesos de selección personal, admisión pre-escolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.

La prontitud con la que se publicó la Ley se debe a las denuncias que hablaban sobre una posible venta de bases de datos por parte de la empresa Equifax.

De las 1.706 familias beneficiadas, 1.369 obtuvieron el subsidio para adquirir una vivienda usada, 229 para un inmueble nuevo, 96 para departamento usado y 12 para departamento nuevo.

“La política habitacional del Presidente Sebastián Piñera contempla ayuda de subsidios a las familias de menores recursos, pero también de sectores emergentes y medios. Esta masiva entrega da cuenta, una vez más, del compromiso del Gobierno de ayudar a las familias para cumplir el sueño de su casa propia”, dijo el ministro Rodrigo Pérez Mackenna, quien estuvo acompañado de la directora subrogante Erica Pérez.

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