Cuando en las primeras horas del 27 de febrero de 2010 Chile sufrió el segundo terremoto de mayor intensidad que haya sido medido en estas tierras, fue inevitable pensar en la larga experiencia que nuestro país ha tenido en este tipo de desastres naturales y estudiar lo ocurrido a otras naciones. Para mí lo primero fue el terremoto de 1960. De muy similar intensidad, con una mucho mayor pérdida de vidas humanas, pero un nivel muy inferior de daños materiales. Así, por ejemplo, en 1960 resultaron inutilizadas 45 mil viviendas y 220 mil en 2010. La historia nos muestra que el gobierno del Presidente Jorge Alessandri hizo un gran esfuerzo en materia de reconstrucción. Y así se le reconoce. Sin embargo, la falta de colaboración política de la oposición y un inadecuado manejo macroeconómico, dado fundamentalmente por el financiamiento con emisión monetaria, impactó profundamente en lo político, económico y social al país.

De un superávit fiscal de 1,6% en 1959 se pasó a un déficit de 4,3% en 1962. Entre 1960 y 1965 la deuda externa aumentó en 103%. Y como consecuencia de la emisión inorgánica, la inflación, cuyo control había sido un objetivo primordial del gobierno y el mayor logro de sus primeros años, pasó de 5% en 1960 a 45% en 1963. En las elecciones siguientes, los partidos de centroderecha que lo apoyaban tuvieron los peores resultados de su historia.

Por otro lado, la experiencia internacional muestra que aquellos países que, después de enfrentar un desastre natural de gran magnitud, no realizan un proceso riguroso de evaluación de daños y de generación de fuentes de financiamiento compatibles con el equilibrio macroeconómico, y no producen un programa de reconstrucción de alta colaboración entre el sector público y el sector privado, han obtenido como resultado un fracaso. Además, esas experiencias indican que los plazos requeridos para reconstrucción están en un rango de entre cinco y diez años para catástrofes de la intensidad del 27-F.

Para evitar repetir los errores del pasado y recogiendo lo mejor de la experiencia internacional, el actual gobierno diseñó un Plan de Emergencia y otro de Reconstrucción, que contempló mecanismos de financiamiento sanos y realistas y programas basados en una profunda colaboración entre el sector público y el sector privado. Aunque este tipo de procesos nunca estarán libres de críticas ni contratiempos y siempre podrá aprenderse de ellos, hoy podemos decir con certeza que el plan se ha ido cumpliendo satisfactoriamente.

Cuando ha transcurrido la mitad del plazo del Gobierno, se han cumplido dos tercios de las metas globales fijadas. Y ello se ha hecho mejorando los equilibrios macroeconómicos y alejando los riesgos inflacionarios, logrando un proceso de crecimiento económico sano y sin dejar atrás el cumplimiento de la agenda de reformas sociales y políticas propias de un gobierno que aspira a llevar a Chile al desarrollo.

Por supuesto los avances sectoriales son diferentes. La conectividad a través de la infraestructura se ha recuperado casi totalmente. Similar ha sido la realidad en salud. En educación, todos los niños pudieron volver a clases, pero quedan aún un par de años para recuperar en plenitud la infraestructura física dañada. Las críticas mayores se han hecho a la reconstrucción en vivienda. Sin embargo, las considero muy injustas. Se requerían 220 mil subsidios de vivienda para que las personas pudieran financiar la reparación o construcción. Todos los subsidios requeridos han sido asignados. El 35% de las viviendas que se debía construir, adquirir o reparar ha sido entregado y otro 29% se encuentra en obras. Y, además, se asignaron también subsidios a las casi dos mil familias de Tocopilla que aguardaban por ellos desde el terremoto que las afectó en 2007. ¿Pudo haberse avanzado más rápido? Sin duda, pero a costa de una menor consideración hacia la dignidad y libertad de elección de las familias damnificadas. En efecto, habría sido mucho más rápido y barato optar por la construcción de grandes poblaciones en sitios especialmente habilitados para ello, ubicados en la periferia de las ciudades y pueblos afectados. Pero, en vez de eso, se prefirió que las personas pudieran reconstruir, si así lo querían, en su propio sitio —salvo que se tratara de lugares riesgosos—, evitando de ese modo su desarraigo. Y, a la vez, se previó que tuvieran la posibilidad de escoger su nueva vivienda entre varias opciones. Eso es más lento y más caro, pero mucho mejor para la calidad de vida de los afectados.

Lo anterior muestra fidelidad a una forma de conducir el Estado centrada en las personas y su libertad y que busca colaborar con la sociedad civil en el cumplimiento de objetivos compartidos, contribuyendo de ese modo a generar capital social. El mejor ejemplo de esto último se dio en la etapa inmediatamente posterior al terremoto, cuando el Estado, en conjunto con instituciones como Un techo para Chile y empresas privadas, consiguió levantar más de 70 mil viviendas de emergencia en poco más de tres meses.

Los procesos de reconstrucción no son nunca sencillos, ni aun para naciones mucho más ricas que la nuestra, como muestran las experiencias de Nueva Orleans luego del huracán Katrina y de Japón luego de su devastador terremoto del año pasado, que llevó al país a la recesión y provocó la renuncia del Primer Ministro Naoto Kan. Los chilenos no lo hemos hecho nada mal con la catástrofe más destructiva de nuestra historia. Aunque, por supuesto, no podemos bajar los brazos mientras haya todavía compatriotas que sufran por sus efectos.

Cristián Larroulet
Ministro Secretario General de la Presidencia